ESCUDOS HUMANOS

Escudos humanos

24 FEB 2011 11:16

Algunos escritores españoles se han pronunciado en estos días en relación a la futura regulación de la compensación equitativa sobre copia privada, conocida erróneamente  como canon digital.  Y digo erróneamente, por cuanto la preocupación de los escritores va mucho más allá del marco digital:  las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afectan no sólo a soportes digitales como discos y memorias, sino también a aparatos de reproducción como fotocopiadoras y escáneres.

 

 

¿Qué quiere decir todo esto en la práctica? Algo muy sencillo: que las fotocopiadoras, escáneres, o equipos multifunción que permiten copiar libros deben ser gravados por la compensación equitativa de copia privada cuando sean adquiridos por personas físicas, pero no cuando la compra la hayan efectuado personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones, administraciones públicas, etc.).

Dado que las fotocopiadoras, escáneres y equipos multifunción de mayor capacidad son adquiridos habitualmente por empresas y administraciones públicas, está clara la próxima desaparición, en virtud de la sentencia citada y de la normativa comunitaria, del grueso de la compensación equitativa por copia privada que hasta la fecha recaudaba y gestionaba CEDRO.

Los escritores imploran en su carta algo imposible: “que solo se exceptúe del pago a los equipos y aparatos adquiridos por las empresas y administraciones que dispongan de la licencia de reproducción de la entidad de gestión correspondiente.”  Por imperativo de la ley, las empresas y administraciones no deben solicitar ninguna licencia, por la sencilla razón de que no pueden hacer copias privadas. De conformidad con la normativa comunitaria y nuestra vigente Ley de Propiedad Intelectual, la copia privada sólo la pueden realizar las personas físicas, y en consecuencia sólo éstas deben pagar canon.

Si los trabajadores de una empresa, o los funcionarios de una administración, utilizan las fotocopiadoras para hacer copias privadas, es un problema que se debe resolver mediante derecho laboral o administrativo, sancionando al trabajador o al funcionario correspondiente. Pero ni empresas ni administraciones deben contribuir al sustento de la entidad de gestión de los escritores.

Los problemas de la creación literaria y artística requieren una solución global, no parches ni limosnas. Los trabajadores de la cultura que firman la carta cobran menos del 10 por ciento por sus obras en tapa dura, y aún menos en libros de bolsillo, en virtud de contratos de edición que sustentan un sistema de producción y distribución absolutamente caduco, que se va a ver superado en pocos años por la distribución online.

Las nuevas tecnologías frente a las que tanto claman los modernos neoluditas pueden suponer paradójicamente la liberación de los creadores. Si los escritores cobrasen lo que les corresponde en justicia, como núcleo duro de la creación intelectual, no tendrían que depender de complementos adicionales, ni tendrían que convertirse en escudos humanos de una industria editorial necesitada de una inmediata reconversión.